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By Entre Comillas
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por Rodrigo de la Peña

Desde hace algunos meses, el ex-candidato a la presidencia por el PAN, Ricardo Anaya, había comenzado con una campaña mediática que señalaba los errores del actual gobierno. Durante sus emisiones, el político dio indicios de querer postularse para la silla presidencial en 2024. Sin embargo, hoy todo indica que su deseo por portar la banda presidencial podría quedar en solo un sueño. El militante del PAN informó, en su último video, haber sido citado por la Fiscalía de la República en el Reclusorio Norte. Por su parte, el político desmintió haber cometido esos actos, sin embargo, afirmó que pelearía dichas acusaciones desde el extranjero, pues a su juicio los cargos que se le imputan tiene un tinte político. 

    En su último video Anaya comentó lo siguiente: 

“López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope.” RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

Ahora, independientemente de cuál sea la situación real, es decir si se cuentan con pruebas sustantivas o sea una persecución política, se vuelve relevante atender a la situación política en la que el exdirigente del Partido Acción Nacional se encuentra. 

   Primero, en cuanto a su aspiración presidencial, el ex-candidato podría verse impedido de participar en las contiendas de 2024. De acuerdo al artículo 38 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción segunda, se marca como una causal de suspensión de derechos políticos el estar sujeto a un proceso criminal que merezca pena. Por lo tanto, Anaya estaría obstaculizado de participar. A su vez, esta situación apoyaría el argumento del exdirigente del pan sobre la persecución política.

     Ahora, esta situación sobre la competencia política nos viene a reflejar un área que es alarmante para la sociedad mexicana: la presunción de inocencia, la prisión preventiva y la competencia política. A través del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control político puede encontrar una herramienta para limitar la competencia de sus adversarios, disminuir el número de votantes y, en cierto modo, controlar la elección. Ya que, en congruencia con este artículo, cualquier persona que enfrente cargos penales es acreedora a suspensión de derechos políticos. Finalmente cabe cuestionar la finalidad y la permanencia social y temporal  de este artículo, pues parecería que este método de control no solo puede generar situaciones de asimetría, sino que también, atenta contra  la presunción de inocencia y  la igualdad. Es por lo tanto aparente que para las próximas elecciones los candidatos no serán nominados por gusto, sino por eliminación.

RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

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