Diario Informativo

Presentado por Juliana Puentes Villota

Miembro del semillero AGERE de la Universidad del Rosario de Colombia

Colombia ocupa la cuarta posición en la lista de los países más biodiversos del mundo. Sin embargo, en medio de sus caminos, trochas, ríos y montañas, “cada día y medio un líder o lideresa social es asesinado” (Zuleta, 2020). De acuerdo con la MOE (Misión de Observación Electoral), en los primeros diez meses del 2020, se ha registrado un total de 441 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales (Democracia, 2020).

No obstante, debemos preguntarnos: ¿Quiénes son los líderes sociales? Según la ONG Somos Defensores, un líder o lideresa social es “cualquier persona o grupo que se dedica a la defensa, promoción, respeto y protección de los derechos humanos en los ámbitos nacionales e internacionales” (Murillo, 2020). Ahora bien, ¿Por qué los están asesinando? Para responder esta pregunta, debemos devolvernos en el tiempo hasta el año 2016 con la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ya que este hecho abrió la puerta para que las zonas que antes eran ocupadas por esta guerrilla, se la disputaran diferentes actores del narcotráfico, paramilitares, guerrillas como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), e incluso disidencias de las FARC.

Si bien estas zonas históricamente han sido lugares abandonados por el Estado y sus instituciones, el Acuerdo de Paz busca saldar la deuda que Colombia tiene con la población civil, porque significa justicia, reparación y reconciliación. Es por esta razón que, más que nunca, la presencia estatal en estos territorios es imprescindible. Sin embargo, pareciera que una vez más, el Estado y la sociedad incumplieron la promesa de la paz.

Las zonas más afectadas por la violencia son los lugares en donde ahora son asesinados y amenazados los líderes y lideresas colombianas, personas que luchan para defender social y ambientalmente sus territorios. En este momento, el origen de los homicidios es diverso. Por un lado, está el problema de los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico; el Acuerdo de Paz buscaba la sustitución de los cultivos ilícitos, objetivo que va en contra de los intereses de los narcotraficantes, paramilitares, incluso de las guerrillas. Por otra parte, la riqueza natural colombiana es atractiva para: (i) la minería ilegal, que tiene consecuencias ambientales graves, como la contaminación de fuentes hídricas de las cuales se abastece la población y (ii) para las plantas hidroeléctricas, que afectan el ecosistema acuático, deterioran del agua y generan el desplazamiento de las comunidades destruyendo el tejido social.

Además, la incapacidad estatal de garantizar servicios básicos como agua, luz, educación o salud, son factores que añaden áreas de vulnerabilidad a estas comunidades. Otro problema es la corrupción; por ejemplo, durante la pandemia el Gobierno del actual presidente Iván Duque, se destinaron ayudas económicas para suplir necesidades alimenticias y sanitarias de la población Colombiana. Sin embargo, se evidenció que en zonas que han sido afectadas por la violencia, como Chocó o el Valle del Cauca, los gobiernos locales obtuvieron beneficios económicos por el sobre costo de los contratos.  

Cuando un líder o lideresa social muere, también muere una comunidad. Un caso particular es el de las comunidades indígenas Awá o Emberá, ya que son los líderes quienes poseen un conocimiento ancestral que es transmitido de generación en generación, y cuando el líder es asesinado, dichos conocimientos se pueden perder. Los líderes y lideresas representan esperanza, resistencia y valentía. En medio de las amenazas y la violencia, sin un líder, las comunidades pierden su norte y motivación para continuar luchando en defensa de los territorios y los derechos humanos. Son los líderes y lideresas quienes reclaman las necesidades de cada población y suplen la ausencia estatal. Además, el Estado y sus instituciones son los responsables de proteger el derecho a la seguridad personal de todos los ciudadanos, si no lo hace, se vulneran otros derechos como la vida y la integridad. El Estado debe responder por lo que hace y deja de hacer.

En este orden de ideas, las autoridades que conocen de las denuncias por amenazas son la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, son estos quienes deben tomar las medidas de protección correspondientes. Estas instancias, son consideradas como escenarios de prevención y son relevantes porque según la rapidez de los procedimientos, van a cumplir con la finalidad estatal de proteger la vida. Cabe resaltar, que por el reciente número de asesinatos de líderes y lideresas sociales, es importante la implementación de medidas de protección colectivas para estos.

Asimismo, en los contextos de violencia, los responsables de los crímenes deben notar respuestas institucionales por parte del órgano judicial porque de lo contrario, la impunidad contribuye a que los crímenes sean reincidentes. De acuerdo a Somos Defensores, en los últimos 8 años, de 563 casos de homicidio de líderes, hay un alcance efectivo de 49 casos, el 8,6% en los cuales hay una condena (Defensores, 2018, pág. 68). Por lo tanto, en el 91,4% de los casos entre 2009 y 2017 las víctimas no han recibido una respuesta institucional.

Indudablemente, Colombia carece de determinación política para designar los recursos suficientes para la implementación de los Acuerdos de Paz (General, 2020, pág. 18), situación que expone a los líderes y lideresas sociales por no tener respaldo estatal. Es por esta razón, que es urgente que Colombia acate las recomendaciones realizadas por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst. Estas son priorizar: (i) los recursos necesarios para la implementación de la paz; (ii) la implementación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la Labor de la Defensa de los Derechos Humanos; (iii) la lucha contra la impunidad de los asesinatos contra defensores de derechos humanos; (iv) reconocer el rol de los líderes sociales y condenar públicamente todas las acciones que atenten contra su vida (página 19).

Las cifras hablan por sí mismas, es por eso que, además de cumplir con el compromiso de la paz, se deben tomar medidas efectivas para la protección de la vida de los líderes y lideresas, sin catalogar las situaciones individuales como urgentes o no urgentes, ya que todas atentan contra su seguridad. También, el Gobierno Nacional debe asumir que la institución encargada de brindar esquemas de seguridad para la población, que en este caso es la Unidad Nacional de Protección, está colapsando y no atiende todas las solicitudes. Igualmente, el Estado colombiano debe entender que los homicidios son un problema social que no se soluciona militarizando las comunidades; de ser así, Colombia ya no sería un país en guerra. La presencia estatal significa proteger la vida en todas sus expresiones, garantizar los derechos humanos y como mínimo los servicios básicos para que todas las personas puedan vivir dignamente.

Por otro lado, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos es exigir resultados al Gobierno y no tener miedo de levantar la voz; nos han silenciado por tanto tiempo que ya estamos cansados de callar. De ahora en adelante, recordemos que nuestro compromiso es con las comunidades olvidadas, es con los líderes sociales que defienden y defendieron los territorios. Su lucha no es ni fue en vano.

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Abierta, V. (2020). ¿Por qué la violencia se ensañó contra los líderes sociales en Cauca? Verdad Abierta. Obtenido de https://verdadabierta.com/especiales-v/2020/de-donde-vienen-las-balas/por-que-la-violencia-se-ensano-contra-los-lideres-sociales-cauca.html

Cardona, M. B. (24 de Mayo de 2020). Estos son los países más biodiversos del mundo. National Geographic. Obtenido de https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/paises-mas-biodiversidad-mundo_15317/1

Colombia, C. N. (2017). Tus derechos, tu cuidado, tu protección. Información para lideresas y líderes de la comunidad. Obtenido de https://nrc.org.co/wp-content/uploads/2018/02/Cartilla-Informaci%c3%b3n-para-lideresas-y-l%c3%adderes-NRC-UK-versi%c3%b3n-web.pdf

Colombia, O. (4 de Marzo de 2020). Colombia: el país latinoamericano con más asesinatos de defensores de derechos humanos, señala experto. Obtenido de https://news.un.org/es/story/2020/03/1470571

Defensores, S. (2018). Más allá de las cifras. Obtenido de https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2018/09/MasAllaDeLasCifrasEspWeb.pdf

Democracia, O. P. (30 de Noviembre de 2020). Informe de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales.

General, N. U. (2020). Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos acerca de su visita a Colombia. Obtenido de https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2020/04/Respuesta-del-Estado-colombiano-al-informe-del-relator-Forst.pdf

Gómez, S. S. (29 de Enero de 2019). Explicador: ¿Qué es un líder social? Colombia Check -no coma cuento-. Obtenido de https://colombiacheck.com/investigaciones/explicador-que-es-un-lider-social

 Murillo, R. D. (28 de Noviembre de 2020). ¿Por qué matan a los líderes sociales en Colombia? Fundación Paz & Reconciliación. Obtenido de https://pares.com.co/2020/11/28/por-que-matan-a-los-lideres-sociales-en-colombia/

Nación, C. G. (2020). Contraloría analiza su evolución: a la fecha, recursos presupuestados para atender emergencia decretada por Covid-19 asciende a $29.8 billones de pesos. Boletín de prensa-2020, Contraloría General de la Nación. Obtenido de https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/boletines-de-prensa-2020/-/asset_publisher/9IOzepbPkrRW/content/contraloria-analiza-su-evolucion-a-la-fecha-recursos-presupuestados-para-atender-emergencia-decretada-por-covid-1

Pardo, D. (4 de Marzo de 2020). Los asesinatos de líderes sociales son crímenes: Michael Forst, relator para los derechos humanos. BBC News. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51745651

Rosado, C. A. (s.f.). La consulta popular ante los impactos ambientales de la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia. Estudio del caso de la hidroeléctrica El Quimbo. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Obtenido de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15905/1/Impactos ambientales de los proyectos hidroelectricos en Colombia.pdf

Unidas, A. G. (24 de Febrero de 2020). Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Obtenido de https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/HRC/43/51/Add.1

Zuleta, D. L. (15 de Abril de 2020). Cada día y medio es asesinado un líder social en Colombia. Centro de memoria, paz y reconciliación. Obtenido de http://centromemoria.gov.co/cada-dia-y-medio-es-asesinado-un-lider-social-en-colombia/