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El emperador de México: una nueva Ley de Amparo

By Entre Comillas
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por Alejandro Velasco D.

Resulta lamentable, pero en México ya no podemos reconocer una legítima división de poderes. Desde que el presidente López Obrador llegó al poder, se empeño en demostrar una dominación hegemónica sobre el legislativo y judicial, de la misma manera en que tiene -o debería tener- únicamente en el ejecutivo. Esto se ha cristalizado con las reformas y proyectos de ley que ha mandado al Congreso, así como caprichos que solamente eran posibles mediante el judicial -como lo fue la famosa consulta popular, de la que ya parece haberse olvidado- y que lo único que busca es mostrar es su poder ante el país. 

    Recientemente nos enfrentamos a una de las declaraciones más peligrosas para México -irónicamente hecha por el que supone ser su principal protector- y de la cual deriva una vulneración a la propia soberanía de los poderes: 

“Estoy seguro de que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces de que es inconstitucional, y que no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución.” 

    Así fue como se expresó el presidente López Obrador cuando se advirtió de una supuesta posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, y que hasta el 18 de marzo ya llevaba 35 suspensiones provisionales. Cabe resaltar que -afortunadamente- después de un día, un juez federal suspendió de manera indefinida la aplicación de la ley, debido a que puede afectar la competencia y la libre concurrencia, así como producir daños irreparables al medio ambiente.  

    Es de reconocer que las medidas tomadas por los jueces son dignas de celebración. Sin embargo, únicamente representaron un parche a un mayor problema, es decir, los constantes atentados que el presidente realiza a la soberanía de los poderes, así como a la misma Constitución. 

    Un claro ejemplo de la inestabilidad de las soluciones previamente planteadas es la bomba de tiempo que la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega enlistó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, es decir, la propuesta de reformas a la Ley de Amparo para evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana -también conocidos como caprichos presidenciales-, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado. 

    Aunado a esto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, salió a intentar subsanar el autoritarismo del presidente comentando mediante una carta que en caso de que durante la investigación correspondiente salgan elementos para comenzar un proceso, se hará con la independencia que caracteriza al poder judicial -ajá- y con plena transparencia. 

    Como se mencionó al principio del artículo, el presidente López Obrador se ha encargado de borrar la línea divisoria entre poderes. No importa si se trata de un trabajo del ejecutivo, del legislativo o judicial, tiene controlados todos. Le tomó menos de un día mandar propuestas de reforma a uno de los recursos jurídicos más valiosos del país, y sabemos que eso no será impedimento si se trata de cualesquiera que sea el capricho. Parece ser que desde el 2018, pasamos de procesos ejecutivos, legislativos y judiciales a resumir todo en meras constituciones imperiales. 

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