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Ayotzinapa: 8 años de falsas promesas

By Entre Comillas
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por Mariana de Aranaga

Se celebró el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa este pasado 26 y 27 de septiembre, y tras las conclusiones, avances y pendientes presentados en el Informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa a finales de agosto, la verdad sigue sin ser esclarecida. Si bien la justicia avanza, no lo hace al ritmo esperado por las víctimas. 

Documentos obtenidos por EL PAÍS y fuentes cercanas al caso, dibujan un conflicto entre la filial y la propia FGR, que comanda Alejandro Gertz. De las 83 órdenes de detención, la Fiscalía ha ejecutado apenas cuatro de estas y ha solicitado la cancelación de al menos 21 detenciones. El mismo juez que concedió las órdenes ha accedido a la petición de la FGR y las ha dejado sin efecto.

La renuncia del titular de la UEILCA, hace evidente la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR en la labor independiente que esta Unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión. Una situación lamentable y en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia en el caso. 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llevó a cabo una conferencia de prensa en donde se habló sobre las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dentro de la información vertida, hablaron de la injerencia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para hacer coincidir los tiempos políticos con los procesales y denunciaron que el Ejército mexicano se ha negado continuamente a proporcionar toda su información de inteligencia sobre el tema.

Recientemente se designó a un nuevo fiscal a cargo, lo que significa un gran retroceso para el caso Ayotzinapa. Quien tomaría el puesto es Rosendo Gómez Piedra, quien solía tener un alto cargo del Gobierno de Tabasco y antes era el comisionado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar federal. Se trata de una decisión que no se ha comunicado ni explicado a las familias de las víctimas, y no se consultó al GIEI o pidieron asistencia técnica para la toma de decisión.

Hay que hacer hincapié en que Rosendo Gómez tiene un perfil político, pero no tiene experiencia en investigación independiente de violaciones graves a derechos humanos.

Politizar el caso, como han hecho representantes institucionales, es una nueva forma de victimización. La autoridad está llamada a actuar siempre de manera respetuosa del dolor y sufrimiento de las familias, y ello exige asumir en primera instancia una disposición de apertura al diálogo directo con los familiares para esclarecer los hechos acontecidos en días recientes que han enrarecido el camino hacia la verdad. Está en juego con ello la institucionalidad del país; la verdad y justicia; el genuino compromiso de erradicar la impunidad y la corrupción, y la voluntad real de frenar la dinámica de reproducción de estructuras gubernamentales que han imposibilitado la constitución de un estado democrático de derecho en el país.

Los familiares necesitan certezas, no más ambigüedades en un caso en el que se les ha mentido tanto. La energía que nos ha llevado hasta aquí es la lucha por la verdad para los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa. La verdad se empeña si hay quien la empuje. En este momento de aceleración de la historia, estamos en la disyuntiva crucial entre la verdad y el ocultamiento. La verdad, aunque sea incómoda, es sanadora, la impunidad dejaría la herida de Ayotzinapa abierta. 

Ahora se decide el futuro del caso, pero también el de México para las nuevas generaciones.

Referencias

La Fiscalía cancela al menos 21 de las 83 órdenes de detención del ‘caso Ayotzinapa’ que pidió en agosto | EL PAÍS México (https://elpais.com/mexico/2022-09-25/la-fiscalia-cancela-al-menos-21-de-las-83-ordenes-de-detencion-del-caso-ayotzinapa-que-pidio-en-agosto.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&ssm=TW_CM_MX#Echobox=1664102857)

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